Economía

Bajar impuestos:

Nos comprometemos a implementar una reducción de 500 millones de dólares anuales, centrándonos en la baja del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas), que es el impuesto al trabajo, así como del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), gravamen dirigido a los jubilados que ya han tributado durante toda su vida laboral. Esto se alcanzará bajando el gasto público superfluo y la desregulación mediante una simplificación y eliminación de trámites burocráticos.

Desmonopolizar Ancap:

Vamos a liberalizar la cadena de distribución e importación de combustibles, fomentando la competencia mediante la apertura a la participación de múltiples actores en el mercado interno. Estamos comprometidos a adoptar medidas concretas que contribuyan a bajar el precio final de los combustibles.

Reducir el costo de vida:

Uruguay es un país caro. Caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir. Por ejemplo, en los artículos de higiene personal como la pasta de dientes o el shampoo, el Ministerio de Salud Pública permite un proveedor único que fija los precios. Nuestra política se enfocará en eliminar las regulaciones que obstaculizan la libre competencia, permitiendo así un mercado más abierto con costos más bajos.

Seguridad

Superministerio del interior:

Vamos a centralizar y unir los esfuerzos de toda la institucionalidad pública para combatir la delincuencia eficientemente. Incorporaremos 1500 efectivos de la Prefectura y 200 de la Policía Aérea. Crearemos un Comando Central que reciba información de todas las áreas en contacto con la actividad delictiva y apuntar a que las mismas funciones que ya se cumplen en otros organismos estén coordinadas y dirigidas desde el Ministerio del Interior. A su vez, instalaremos nuevos radares que permitan el control efectivo de nuestras fronteras y fiscalizaremos de manera eficaz el Puerto de Montevideo para evitar el tráfico de drogas, así disminuyendo su tránsito en Uruguay.

INR:

Vamos a renovar al INR del Ministerio del Interior, que pasará a ser un Servicio Descentralizado e incluir en esa órbita a la DINALI (actualmente en el MIDES), bajo el argumento que “el personal que aprehende y reprime no puede ser el mismo que te rehabilite”. Instalaremos oficinas de la DINALI en todos los establecimientos carcelarios (hoy solamente algunos acceden a sus servicios, una gran desigualdad).

Esta estrategia plantea comenzar con la rehabilitación desde el momento mismo que el individuo ingresa a prisión y no desde el día del egreso ya que eso “es comenzar tarde”. Actualmente el 70% de los presos reinciden. Esto debe cambiar urgentemente. Debemos pensar en la reinserción además de la rehabilitación.

Cárceles:

Uruguay es uno de los países con tasa de prisionalización más alta del mundo (décima a nivel mundial, 400 presos por cada 100.000 habitantes) y la cárceles tienen una densidad del 135% (esto es, por cada 100 plazas hay 135 presos). Debemos tender hacia más cárceles de menor cantidad de internos, para controlarlas y poder rehabilitar de mejor manera. Crearemos tres cárceles de 500 plazas cada una para paliar este problema y poder rehabilitar efectivamente a los presos (financiamiento PPP).

Agro

Competitividad:

La mejor política sectorial para el Agro es un Uruguay bien gobernado. Vamos a afrontar el atraso cambiario que perjudica a nuestros productores atacando el problema de fondo: el déficit fiscal. Nos comprometemos a acomodar las cuentas públicas y eliminar las Letras de Regulación Monetaria que tanto afectan nuestro tipo de cambio.

Mismos beneficios:

Vamos a equiparar las condiciones de exoneraciones fiscales para las inversiones de los pequeños productores a las de aquellos que tributan IRAE, con el fin de promover la adopción de tecnología, capacitación de personal e incorporación de material genético.

No más instituos ricos y productores pobres:

El agro tiene muchas instituciones públicas con décadas de existencia y presupuestos millonarios. Evaluaremos uno a uno su razón de ser, para que los recursos públicos se inviertan en el desarrollo productivo y no en burocracias administrativas.

Innovación:

Vamos a crear fondos competitivos de integración público-privada para el desarrollo de productos innovadores. Mediante estos fondos, también buscamos estimular la coordinación entre sectores para la investigación agropecuaria.

Sostenibilidad:

Nos vamos a orientar por rigurosos criterios científicos a la hora de marcar posturas. Buscamos que las políticas públicas se basen en lo racional, y no en dogmatismos. Entendemos que para un país con nuestras condiciones climáticas la producción ecológicamente es también la económicamente más rentable.

Emprendedurismo

Baja de costos PYMEs

Empresa en un día. En nuestro gobierno, concretaremos lo que se tituló como “empresas en un día”. Si bien al menos desde 2010 se proponen iniciativas en esta línea, hasta la fecha no se han concretado básicamente por falta de coordinación entre los organismos involucrados. Centralizaremos y digitalizaremos la totalidad de los trámites a realizar por medio de un enfoque simplificado y digitalizado que reduzca trámites burocráticos. Habilitaremos un modelo único que de ser seguido garantiza su aprobación en el día.

Alivio fiscal PYMEs. ara las PYMES que dejan de ser Literal E (es decir, cuya recaudación supere las 305.000 UI, 1.8 MM $U – $U 7.500 de facturación diaria), implementaremos un sistema impositivo cuyo resultado evite los saltos bruscos en los importes a pagar. Esto permite que la carga fiscal aumente gradualmente a medida que una empresa crece y supera ciertos umbrales de ingresos (aterrizaje suave). Esto ayudaría a aliviar el impacto inicial del cambio al régimen tradicional y permitiría una transición más escalonada. Además, daremos beneficios fiscales especiales que compensen los costos de la transición, como exenciones temporales o reducciones de ciertos impuestos. Permitiremos también, dentro de límites lógicos, que las empresas que contraten servicios o adquieran bienes a PYMES incluidas en el llamado literal E y monotributistas, deduzcan esos gastos a efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta Empresarial. No se prevé impacto fiscal del cambio porque la formalización de operaciones que ello trae compensa los costos.

Tarifas. Con respecto a las tarifas de servicios públicos, no es correcto que pequeños emprendimientos paguen tarifas hasta 4 veces superiores que las residencias particulares en ciertos servicios como el agua y saneamiento en OSE, siendo su consumo generalmente inferior (a título de ejemplo, la conexión de OSE para viviendas cuesta 5 UR mientras que la conexión para comercios cuesta 20 UR). Daremos a las PYMES la misma tarifa que las residencias particulares de agua, saneamiento y toda otra donde exista tal discriminación.

Educación Financiera

Publicidad engañosa. La publicidad de empresas financieras respecto a los servicios que prestan ha crecido de manera sostenida. En muchos casos se verifican piezas lindantes con la publicidad engañosa, que inducen a error al consumidor haciéndole creer que está frente a una oferta cuando se le promete un préstamo cuya tasa efectiva linda con la usura. Así, sin interferir en la libertad de empresa de las financieras ni con el rol que cumplen en la sociedad proporcionando créditos a aquellos que no cuentan con las garantías exigidas por el sector bancario, fiscalizaremos efectivamente la publicidad y aplicaremos la Ley de Defensa al Consumidor (No. 17.250) respecto de toda publicidad comercial que induzca a error al consumidor (art. 24). La propia LDC otorga al Área Defensa al Consumidor del MEF la posibilidad de actuar de oficio frente a posibles incumplimientos. Haremos efectivo este mandato legal. Además, impulsaremos el requerimiento de comunicar la totalidad de los costos asociados, no solamente la TEA.

Más competencia para reducir las tasas de interés. Nos preocupan también las tasas de interés que se cobran (en una economía con una inflación anual del 4%, cobrar el 120% de interés resulta a todas luces excesivo), pero la solución no es la represión ni la fijación de precios desde una autoridad administrativa. Esto lo único que lograría es empujar a una buena parte de las personas que hoy operan en el mercado legal hacia el mercado ilegal, donde la consecuencia de un incumplimiento no es precisamente un juicio. Separando gastos transaccionales del interés propiamente dicho, y reduciendo los costos de entrada y normativos innecesarios que hoy existen para las empresas de menor dimensión, empujaremos las tasas hacia abajo.

Educación Financiera en serio. Implementaremos la Educación Financiera en todo el sistema educativo, desde la Educación Primaria. Haremos programas de educación financiera para la población en general a través de campañas de concientización.

Empleo

Crearemos una Plataforma de Trabajo con Inteligencia Artificial a través del INJU que conecte jóvenes buscando su primer trabajo con empresas buscando estos perfiles. Facilitaremos para los jóvenes un registro a través de una página simple e intuitiva (en lugar de tener que redactar currículums) con los mayores estándares de seguridad. Asimismo, daremos incentivos para las empresas que contraten a través de esta vía por medio de exoneraciones parciales y transitorias de aportes patronales. Promoveremos la contratación en formato pasantía semestral como primer experiencia laboral.

Ingreso de Fintech y baja de costos. Las PYMES y la población en general se enfrentan a desafíos propios de un mercado pequeño y regulado tales como los altos aranceles de tarjetas de crédito, altas tasas de interés y el alto costo de transferencias y comisiones bancarias (2 USD transferencias interbancarias), de los más caros de la región. Para paliarlos, el camino no es mayor regulación (que solo quitará alternativas del mercado), sino permitir una mayor competencia. Básicamente regulaciones del Banco Central impiden habilitar soluciones de Fintech, que con sus tasas competitivas han reducido los costos transaccionales, mejorando las condiciones para los usuarios. De ser necesario, el sector público no quedará ausente de los esfuerzos como hizo el Banco Central de Brasil con lo que se conoce como PIX que eliminó las comisiones de transferencias.

Identificación y aceleración de emprendimientos

Reestructura institucional DINAPYME. Relevamiento nacional. Reformularemos la DINAPYME (actual Dirección Nacional dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería) para ponerla al servicio de los emprendedores. Realizaremos un relevamiento nacional para analizar y fortalecer el ecosistema emprendedor en cada ciudad del país, identificando áreas de oportunidad en talento, capital, desarrollo de negocios, cultura emprendedora y desarrollo humano. Asimismo, coordinaremos la implementación y la comunicación entre los distintos actores que intervengan. Esta propuesta de impacto colectivo puede transformar el panorama emprendedor en Uruguay, creando un entorno favorable para la innovación y el crecimiento. Al trabajar de manera colaborativa y enfocados en necesidades específicas podremos fortalecer y mejorar el ecosistema emprendedor volviéndolo más sostenible para impulsar el crecimiento económico de todo el país.